Por Jorge Enrique Robledo / @JERobledo
Video: https://youtu.be/4AjubkHoHUU
Muy equivocadas fueron las palabras del ministro de Comercio e Industria, José Manuel Restrepo, durante el debate en la Cámara de Representantes sobre las políticas oficiales para el sector textil-confecciones, gran empleador industrial del país. Porque se despachó con la consabida lista de mercado sobre las supuestas bienaventuranzas que ofrece su jefe, mientras calló sobre el objeto de la citación, es decir, sobre el acuerdo entre el gobierno y los importadores para oponerse a los artículos del Plan de Desarrollo que protegen a los confeccionistas de los productores asiáticos y africanos, a los que les regalan nuestro mercado interno porque Colombia ni siquiera tiene con ellos acuerdos de TLC. Y esto lo hizo luego de intentar que los líderes del sector engañaran a sus agremiados, echándoles el cuento de que Iván Duque sí les cumpliría lo que les prometió como candidato.
Quedó en evidencia que el nombre de ese Ministerio constituye una ficción, porque no promueve la industria nacional –al igual que sucede con el de agricultura–, sino las importaciones de bienes extranjeros, con cuyos voceros –Andi, Analdex y Fenalco– se unió para que la Corte Constitucional tumbe los artículos del Plan de Desarrollo que favorecen a los confeccionistas. La ocasión es propicia para hablar más de estos asuntos con franqueza, aunque pueda generar molestias, empezando por decir que la industria nacional carece de una organización poderosa que en verdad la represente.
El cambio de nombre de la Andi, que pasó de significar “Asociación Nacional de Industriales” a “de Empresarios”, no fue cosmético. No. Allí la última palabra la dan hoy las trasnacionales y las empresas no industriales. Analdex se proclama también como representante de los importadores. Y la cúpula de Fenalco decidió ser la vocera de las grandes superficies –trasnacionales, casi todas–, enormes importadoras de confecciones y de todo, a pesar de que al comercio minorista le conviene más vender productos nacionales.
No es que los importadores y las trasnacionales no puedan tener organizaciones que les tramiten ante el gobierno y los medios de comunicación sus intereses, entre ellos producir donde les resulte más barato –¡se están yendo a África porque Asia les parece muy costosa!–, para desde ahí inundar con sus géneros a Colombia y a otros países. Pero no resiste análisis que encima se presenten como las representantes de todos los colombianos, y de los industriales y los productores agropecuarios, cuyo interés primordial reside en producir riqueza en el territorio nacional y apoyarse en el mercado interno para exportar.
Si algo falla en los análisis de las relaciones internacionales –relaciones que creo deben existir–, es que no se debate sobre ellas con seriedad. Porque la economía de mercado –sin eufemismos, el capitalismo– no es un modo económico montado sobre la solidaridad entre los países y las personas. Difícil algo más ventajista que el negocio cafetero a escala global, sobre lo que Duque guardó silencio en Europa. Entonces, de lo peor que les pasa a quienes producen en Colombia es no tener auténticos y fuertes voceros ante el gobierno, para que sus intereses –que incluyen generar más empleos– se escuchen y atiendan a plenitud en por lo menos dos aspectos. El daño que les hacen las importaciones legales e ilegales –que en el exterior en nada se diferencian entre sí– y el muy alto “costo país” con el que los gobiernos los obligan a competir con otros en los que el Estado sí respalda en serio a sus productores.
Entre las astucias de los mismos con las mismas que gobiernan a Colombia desde siempre –hoy encabezados por la jefatura duquista– está presentarse como los coherentes defensores de la economía empresarial, aunque las cifras del subdesarrollo de este sector los refutan: 1. Un producto por habitante de apenas 6.400 dólares y originado en la producción de materias primas, cuando los países desarrollados andan por encima de 30 mil y con sus economías fundamentadas en la industrialización urbana y rural. 2. Que entre el desempleo y el rebusque sumen el 70 por ciento demuestra la debilidad de la actividad empresarial, la principal generadora de empleo en los países modernos. 3. Que el Gini de utilidades de las empresas sea del 0.8 prueba su altísima concentración en manos de unas muy pocas y muy poderosas compañías y el desdén y maltrato oficial al resto de los empresarios.
Bogotá, 21 de junio de 2019.
Ley TIC es profundamente reaccionaria y redactada para trasnacionales que mangonean en el país.